Luego de siete años de haber sido violentada en sus derechos políticos como mujer, la magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, por fin encontró a una autoridad que le hará valer la queja que presentó en ese entonces, y que fue desestimada por las autoridades electorales locales.
Y es que tuvo que ser una instancia internacional, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que se pronunciara al respecto, y ahora ha dado al gobierno de México un plazo de hasta cuatro meses para presentar información respecto a la denuncia presentada en el 2016.
Luego de haber sido “bateada” de todas las instancias locales y nacionales, la magistrada recurrió en el 2019 a esa comisión internacional, para que se haga justicia en contra de sus violentadores.
“…Sobre mi queja de Violencia POLÍTICA que viví en manos de quienes tenían el poder político y económico para lastimar a quienes no se alineaban”, posteó en sus redes sociales.
Cabe recordar que, en el 2016, la entonces consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) presentó una denuncia por actos de violencia política en su contra al señalar presiones por parte de algunos de sus compañeros para obedecer órdenes del exgobernador Roberto Borge Angulo.
Los acusados por Claudia Carrillo Gasca son, en su mayoría, personas que ya no son funcionarios electorales, pero algunos otros continúan detentando el cargo como si nada, en el Instituto Electoral de Quintana Roo.
Los denunciados son Mayra San Román Carrillo Medina, cuando fue consejera presidenta del IEQROO; los exconsejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche yThalía Hernández Robledo.
Representantes de partidos políticos, como Juan Alberto Manzanilla Lagos del PRI; Armando Miguel Palomo Gómez, del Partido Nueva Alianza y Mauricio Morales Beiza, del Partido del Trabajo.
Funcionarios electorales del IEQROO como Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social; Luis Alberto Alcocer Anguiano, director de Organización; José Luis González Nolasco, director de Partidos Políticos y Radiodifusión.
Así como Víctor Venamir Vivas Vivas, exmagistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y Carlos Alejandro Lima Carvajal, en su calidad de magistrado del Poder Judicial del Estado.
Todos estos funcionarios electorales pensaron que ya la habían librado, sin embargo, este nuevo pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pone de nuevo en la mira a estos presuntos violentadores de los derechos políticos de las mujeres.
