Ricardo Torres Ojeda, presidente de la Asociación Unión de Periodistas y Medios Digitales del Estado de Quintana Roo, acompañado de lo representantes de los municipios de Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, y Benito Juárez, informó que fue presentada ante la Oficialía de Partes de la XVIII Legislatura una iniciativa de ley orientada a fortalecer la protección, el bienestar social y la profesionalización de las y los periodistas de la entidad.
El dirigente destacó que, aunque México cuenta con mecanismos nacionales de protección para personas periodistas y defensoras de derechos humanos, es indispensable que Quintana Roo disponga de una legislación propia que atienda las condiciones particulares que enfrenta el gremio en el estado.
La propuesta busca garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información, establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen la libertad de difundir ideas e información sin censura previa y protegen la labor informativa como un derecho fundamental en una sociedad democrática.
Torres Ojeda señaló que el periodismo continúa siendo una actividad de riesgo, por lo que resulta necesario establecer mecanismos estatales que permitan proteger a quienes ejercen esta profesión, además de impulsar acciones que mejoren sus condiciones laborales y de seguridad.
La asociación está integrada actualmente por alrededor de 96 miembros, entre reporteros y periodistas de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
Asimismo, indicó que se busca acercar la iniciativa a comunicadores de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco para enriquecer la propuesta y fortalecer la unidad del gremio.
El líder de la organización afirmó que cerca del 90 por ciento de los periodistas desempeña su labor de manera independiente, sin acceso a seguridad social ni a prestaciones laborales, situación que los coloca en una condición de vulnerabilidad frente a amenazas, agresiones o cualquier tipo de riesgo derivado de su actividad informativa.
También expresó preocupación por el uso indebido de plataformas digitales por parte de personas que se presentan como periodistas sin contar con la preparación, capacitación o principios éticos necesarios para ejercer la profesión.
Indicó que la asociación ha recibido diversas quejas relacionadas con presuntos actos de extorsión cometidos por individuos que utilizan espacios digitales para obtener beneficios personales.
En ese sentido, destacó que la iniciativa contempla impulsar la profesionalización permanente de las y los comunicadores, con el propósito de fortalecer la calidad informativa, la ética periodística y la responsabilidad social de quienes ejercen esta labor.
Finalmente, Torres Ojeda sostuvo que proteger a periodistas y reporteros significa proteger el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Por ello, consideró que la creación de una ley estatal especializada representa un paso importante para reconocer la relevancia social del periodismo, garantizar condiciones dignas para su ejercicio y fortalecer la democracia en Quintana Roo
Mayra Sierra Inteligencia Colectiva