El Gobierno federal inició una revisión a fondo de las concesiones de agua en el país y detectó que grandes empresas transferían títulos entre distintas razones sociales para evitar el pago de derechos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, se identificaron esquemas en los que compañías se “vendían” concesiones entre sí para eludir obligaciones fiscales.
Ante ello, su administración priorizará la regularización de permisos y la restitución del derecho de uso a ejidatarios que habían perdido esa garantía.
La mandataria adelantó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dará a conocer públicamente las empresas involucradas y los mecanismos utilizados para incurrir en estas irregularidades.
Como parte del reordenamiento, el Ejecutivo analiza incrementar de manera significativa la recaudación por derechos de agua.
En 2025, los ingresos pasaron de mil a tres mil millones de pesos y para 2026 se proyecta alcanzar hasta siete mil millones, lo que representaría más del doble respecto al año previo.
El programa de ordenamiento de concesiones revisó el 90% de los más de 537 mil títulos vigentes en el país. El resultado: 59 mil 938 concesiones con inconsistencias y al menos 496 clausuras o suspensiones de aprovechamiento.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estas acciones derivaron en multas que superan los 319 millones de pesos.
El objetivo, subrayó el Gobierno federal, es frenar el acaparamiento del recurso hídrico por intereses privados y garantizar una distribución más equitativa bajo la administración directa de la Conagua.