- La concesión de Aguakan en Cancún, otorgada en 1993 y extendida hasta 2053 en 2014, ha sido criticada por sus altas tarifas y servicio deficiente.
- En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó revocar la ampliación, pero en enero de 2024, la empresa obtuvo una suspensión para seguir operando.
- El 26 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la cancelación de la concesión, argumentando que el agua es un derecho humano y no un negocio.
Por tal motivo el Gobierno del estado de Quintana Roo, representado por la Gobernadora Mara Lezama, emite el siguiente comunicado, a través de la Secretaria de Gobierno Cristina Torres
POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SOBRE EL LITIGIO CONTRA LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAKAN
El hartazgo social acumulado durante años, derivado de la falta de abastecimiento de agua por largos periodos, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración del drenaje sanitario y el cobro de pipas de agua cuando no se suministra el servicio de manera adecuada, entre otras irregularidades, generó un profundo rechazo e indignación social.
Incluso, en una consulta popular, la mayoría de la ciudadanía votó por la terminación de la concesión.
Por ello, desde el inicio de esta administración, se ha trabajado en garantizar el cumplimiento legal de la concesión y, en su caso, su terminación.
Para ello, se han realizado auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, además de revisiones operativas, análisis de muestras de agua y visitas a plantas de tratamiento de aguas residuales, detectando diversas irregularidades.
Como consecuencia, se han presentado las denuncias correspondientes.
En este sentido, las denuncias presentadas por este gobierno hasta la fecha tuvieron como fundamento los siguientes hechos:
1. La concesión, otorgada en los años 90, fue prorrogada ilegalmente en 2014 hasta el año 2053 y ampliada al municipio de Solidaridad sin facultades para ello.
2. Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la fiscalía general de la República. Tras integrar la carpeta de investigación, se determinó que existían elementos suficientes contra directivos de la empresa DHC.
3. Un juez federal determinó que hay pruebas suficientes para acreditar el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, ya que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera indebida la prórroga de la concesión por 30 años a cambio del pago de 1,055 millones de pesos.
4.- Derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público,
UN JUEZ FEDERAL LIBRÓ ÓRDENES DE APREHENSIÓN al encontrar elementos suficientes POR LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECUERDOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE AGUAKAN.
Esto, a pesar de que el Gobierno del Estado no tenía facultades para gestionar dicha prórroga ni la ampliación de la concesión, competencia exclusiva de los municipios y el Congreso del Estado.
Como resultado de esta acción ilegal, sin seguir los procedimientos de ley, la empresa obtuvo ganancias multimillonarias sin que ello se reflejara en una mejora en la calidad ni en la cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
Respecto a las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas de la explotación ilegal de la concesión, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), epidemiólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados realizaron muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento operadas por la concesionaria DHC.
Los resultados evidenciaron graves afectaciones sanitarias y ambientales, entre ellas:
1. Contaminación del agua potable con sustancias fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas, lo que representa un riesgo inminente para la salud al contener elementos tóxicos para el ser humano.
2. Presencia de E. coli y coliformes fecales en las aguas residuales muy por encima de los niveles permitidos.
Al ser devueltas al ecosistema e inyectadas al manto freático en estas condiciones, generan un daño irreversible al medio ambiente.
De manera parcial y malintencionada, se ha difundido información sobre un encuentro entre representantes de DHC y del Gobierno del Estado. Al respecto, se aclara:
1. La reunión se llevó a cabo a petición de DHC, y el Gobierno del Estado accedió únicamente por la posible afectación al público inversionista de las Afores.
2. En la reunión estuvieron presentes abogados del Estado y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, encabezados por el director general de CAPA.
3. Las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado no han implicado acoso ni acuerdos de ningún tipo.
El único propósito fue salvaguardar las inversiones de las Afores y los derechos laborales de las y los trabajadores.
4. La única ocasión en que se mencionaron montos fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores.
5. Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el Estado adquiriera Aguakán, a lo que se respondió categóricamente que no y que la concesión debía terminar.
6. El actuar del Gobierno del Estado, por la vía legal, no representa un riesgo para la inversión privada ni para las Afores.
Por el contrario, los inversionistas pueden considerarse víctimas de las acciones ilícitas de ciertos accionistas y administradores de DHC, quienes se beneficiaron ilegalmente de la prórroga y ampliación de la concesión, así como del deficiente servicio brindado a la población.
Las acciones emprendidas por este gobierno, incluidas las denuncias por posibles actos de corrupción y lavado de dinero, responden a un deber legal y a un compromiso con la transparencia.
No se encubrirá ninguna conducta ilícita.
El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende.
Que quede claro: con la llegada de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo.
El agua es un derecho humano, no un privilegio ni un negocio para unos cuantos.
Como lo dijo la primera presidenta mujer de este país: el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado.
La voluntad del pueblo es la base del actuar de este gobierno. Nadie está por encima ni al margen de la ley.
Cuando la razón asiste al pueblo, su gobierno lo defenderá hasta las últimas consecuencias.
Héctor Tenorio/ IQ noticias