Desde el pasado 26 de febrero, maestros disidentes en el estado de Quintana Roo mantienen un paro de labores en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE reformada en 2007, el retorno al Sistema Solidario de Pensiones y la eliminación del cálculo de percepciones en UMAs.
Esta protesta ha derivado en una profunda afectación para los estudiantes de nivel básico y medio superior, quienes suman ya más de tres semanas sin recibir clases.
Padres de familia y diversos sectores de la sociedad han manifestado su creciente preocupación por el impacto académico y emocional que esta situación genera en los menores, quienes ven vulnerado su derecho a la educación.
Padres de familia y diversos sectores de la sociedad han manifestado su creciente preocupación por el impacto académico y emocional que esta situación genera en los menores, quienes ven vulnerado su derecho a la educación.
Aunque algunos docentes aseguran estar enviando cuadernillos para que los alumnos trabajen desde casa, padres entrevistados han desmentido esta afirmación, señalando que no han recibido ningún material de apoyo.
La presión por parte del comité de lucha central ha escalado a acciones más visibles, como el bloqueo del Puente del kilómetro 19 el pasado 8 de marzo, donde alrededor de 200 maestros —algunos encapuchados— exigieron una reunión con la gobernadora del estado, Mara Lezama.
A pesar de haberse realizado un encuentro previo con la mandataria, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno, no se ha llegado a ningún acuerdo con los docentes inconformes.
Esto ha derivado en una serie de paros escalonados y bloqueos en avenidas principales de Chetumal, así como en carreteras federales, afectando también a miles de viajeros.
El próximo sábado 12 de abril a las 10:00 horas se celebrará una nueva reunión entre las autoridades estatales y el magisterio disidente, con el objetivo de instalar mesas de diálogo que permitan encontrar una solución definitiva al conflicto.
Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en incertidumbre, esperando que se priorice el bienestar de los estudiantes y que se garantice su acceso continuo y efectivo a la educación.
Por Mayra Sierra / Inteligencia Colectiva