El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para reforzar las sanciones contra empresas que realicen llamadas comerciales o publicitarias de forma reiterada y sin autorización.
El dictamen, aprobado con 96 votos a favor y sin reservas, modifica los artículos 18 Bis y 127 de la legislación y establece multas que van de 56 mil 570 pesos a más de 2.3 millones de pesos.
La reforma busca que los consumidores puedan manifestar de manera efectiva su negativa a recibir este tipo de llamadas, evitando tener que rechazar constantemente las ofertas de una misma empresa.
Además, las compañías mantendrán responsabilidad sobre las comunicaciones comerciales aun cuando contraten a terceros para realizar las llamadas.
El proyecto se envio a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.