Chetumal a 08 junio de 2026.- La activista social y defensora de los derechos de las mujeres, la abogada Ariadne Song Anguas, acompañada por un grupo de víctimas de violencia, denunció que el acceso a la justicia para las mujeres en Quintana Roo continúa enfrentando serias deficiencias, pese a las reformas y mecanismos legales que, aseguran las autoridades, buscan garantizar una vida libre de violencia.
Las denunciantes reconocieron que actualmente más mujeres se atreven a denunciar los abusos que enfrentan; sin embargo, señalaron que obtener una sentencia favorable no siempre significa alcanzar una justicia plena. Afirmaron que durante los procesos judiciales es frecuente enfrentar retrasos, pérdida de expedientes, audiencias aplazadas y diversas irregularidades que terminan afectando a las víctimas.
«De acuerdo con Ariadne Song Anguas, muchas víctimas de violencia enfrentan nuevas afectaciones dentro de los propios organismos encargados de protegerlas, donde se les revictimiza por funcionarios y funcionarias durante el desarrollo de sus casos.»
Además, destacó que el acceso a la justicia representa una fuerte carga económica, ya que una víctima puede gastar entre 100 mil y 300 mil pesos en honorarios legales, traslados, documentación, alimentación y hospedaje durante el desarrollo de un caso.
Las afectadas también denunciaron consecuencias adicionales como pérdida de empleo, persecución por parte de sus agresores y afectaciones emocionales derivadas de los largos procesos judiciales. Según expusieron, cuando los presuntos responsables tienen vínculos con el gobierno o con actores del sistema judicial, los casos suelen enfrentar mayores obstáculos o permanecer estancados.
Como ejemplo citaron el caso de (Areli), quien obtuvo una sentencia por violencia digital después de más de cinco años de proceso. De acuerdo con su testimonio, sufrió revictimización y afectaciones a su salud mental debido al acoso y la exposición pública en redes sociales. A pesar de obtener una condena contra su agresora, la pena fué conmutada por una sanción económica y, hasta la fecha, la sentencia no ha quedado firme.
Las victimas coincidieron en que, además de crear nuevas leyes para proteger a las mujeres, se necesita evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de impartir justicia, con el fin de garantizar procesos ágiles, transparentes y libres de prácticas que vulneren nuevamente a las víctimas.
Por Héctor Tenorio / iQ Noticias