El Congreso de Quintana Roo aprobó un paquete de reformas enfocadas en actualizar el sistema judicial, reforzar el combate a la corrupción y ampliar las capacidades de los municipios.
Entre los cambios más relevantes destaca la entrada en vigor gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir de junio de 2026, dejando atrás el esquema legal de 1981.
El nuevo modelo contempla juicios orales, audiencias virtuales y expedientes digitales, además de priorizar la protección de menores y sectores vulnerables.
Las y los diputados también aprobaron modificaciones a la Ley del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, con el objetivo de transparentar el manejo de recursos mediante reportes trimestrales y adecuar su funcionamiento al nuevo Órgano de Administración Judicial.
En materia anticorrupción, se avalaron reformas constitucionales y ajustes a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para fortalecer la integración del Comité de Participación Ciudadana.
Ahora se exigirá paridad de género, participación de perfiles académicos y de la sociedad civil, además de aplicar la “Ley 3 de 3” para impedir que personas con antecedentes por violencia de género, delitos sexuales o adeudos alimentarios formen parte del organismo.
Asimismo, se establecieron mayores restricciones para exfuncionarios y se hizo obligatoria la opinión de universidades y organizaciones civiles en la selección de integrantes del comité.
Por otra parte, se aprobaron cambios a la Ley de Coordinación Fiscal para permitir que los municipios accedan a un 30% extra de recursos del Fondo de Fomento Municipal federal mediante convenios de colaboración administrativa.
Durante la misma sesión, el Congreso reconoció al Instituto Tecnológico de Cancún por su 40 aniversario, destacando su aportación en la formación de profesionistas y el impulso al desarrollo económico, turístico y tecnológico del norte del estado.