Benito Juárez, Quintana Roo.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) manifestaron su rechazo conjunto a la reforma al artículo 186 del Código Penal del estado que establece penas de cárcel a quienes conduzcan en estado de ebriedad y piden mesas de análisis para replantear la reforma.
Dicha modificación reforma ya fue aprobada por el Congreso del estado, pero no ha entrado en vigor al no haberse publicado en Periódico Oficial del Estado.
Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac en Cancún destacó que la reforma generará más extorsiones y corrupción entre la policía y los conductores.
“La ley debe ponerse a discusión, ya fue votada, aceptada por unanimidad y aún no se publica en el Periódico Oficial por lo cual desde esta mesa hacemos la solicitud a la gobernadora para que se pueda discutir”, expuso.
Por su parte el representante de Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz, aseguró que esta reforma es excesiva:
“Si bien es cierto que señala que hubo 91 muertos por accidentes de tránsito no señala que sea por motivos de alcohol en el estado”, dijo, además añadió que muy seguramente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnará esta medida por ser inconstitucional.
Ambos añadieron que estarán pidiendo una reunión con las autoridades principalmente con Cristina Torres, secretaria de Gobierno, pero de no lograr detener su publicación en el Periódico Oficial del Estado, recurriría a los amparos.
Por último, el representante del Consejo Coodinador Empresarial del Caribe, Eduardo Martínez, coincidió que la reforma es excesiva, ya que alguien que toma unas cervezas no está cometiendo ningún crimen, además de que las medidas para evitar accidentes no pueden caer al ámbito penal.
Esto va a traer amparos, quejas; además la fiscalía tiene mucho trabajo y rezago, para estar atendiendo casos de personas que no cometieron ningún crimen”, dijo.
Información de Jesús Vázquez/El Economista