La Justicia de Andorra ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las figuras más relevantes de la política mexicana; y su hija, Sylvana Beltrones, senadora de la formación tricolor.
Un juez del pequeño país acaba de citar a declarar a ambos como investigados, según las pesquisas secretas a las que ha tenido acceso el diario EL PAÍS.
El magistrado Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra, remitió el pasado marzo una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a las autoridades mexicanas en la que solicita la declaración por videoconferencia de Beltrones y de su hija única.
La senadora ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país pirenaico estaba blindado por el secreto bancario, tal y como desveló este periódico.
La dirigente ingresó esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.
El caso Sonora, que es como se conocen las pesquisas en alusión al Estado mexicano del que fue gobernador Beltrones padre entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la Cámara alta, se inició en julio de 2015 con la imputación del expresidente del PRI y de la senadora.
La causa fue sobreseída provisionalmente por la Justicia del Principado el 18 de octubre de 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados.
El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones, de 40 años, había prescrito.
Durante el mandato del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía utilizó la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formación tricolor, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el Principado.
La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la Justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación.
El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.
La Fiscalía General de México investiga también a Beltrones y a su hija por presuntas irregularidades relacionadas con las mismas cuentas andorranas.
Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del Ministerio Público mexicano y de la Justicia andorrana.
El editor traspasó el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de dólares.
El dinero llegó una semana después de que Capdevielle cobrara en el banco andorrano 10 millones de Videoserpel Ltd, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel Ltd, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa Ltd, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.
La Justicia del Principado situó el pago del Grupo Televisa a Capdevielle en una comisión indirecta a Manlio Fabio Beltrones por la denominada Ley Televisa, que se aprobó por unanimidad en 2006, tres años antes del traspaso bajo sospecha.
La norma introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Un portavoz de este conglomerado audiovisual mexicano rechazó que la ley supusiera un trato de favor a Televisa u otro grupo de comunicación.
Televisa admitió el pago al editor por la compra de su cabecera Avisos de Ocasión y añadió que “el destino que el señor Capdevielle dio a esos recursos y su relación con la familia Beltrones solo le corresponden a él”.
Información de El País