Chetumal, a 23 de enero 2024.- El panorama nacional ha mostrado un incremento en las denuncias de violencia política, una situación que Ricardo Murga Segovia, secretario de Estudio y Cuenta en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atribuye a una sancionados por VPRG.
“Hay más casos de violencia no porque se esté incrementando sino porque ya las personas están advirtiendo que tiene un efecto y una consecuencia el denunciar y por eso hay más mujeres denunciando lo que ha sido una situación mayor conciencia sobre los mecanismos y consecuencias de denunciar dicha violencia, más que a un aumento real de los casos.
Murga Segovia explica que este fenómeno no se debe a un crecimiento de la violencia en sí, sino a que las personas están tomando conciencia de que denunciar tiene efecto y consecuencia. Esto ha llevado a que más mujeres alzan la voz contra lo que antes era una situación normalizada. Se destaca que el incremento en las denuncias es un indicador de que las medidas legales están siendo reconocidas y utilizadas por las víctimas de violencia política, al punto que tan solo en Quintana Roo ya hay 10 personas o entidades que están en el padrón de normalizada”, afirmó.
En caso de que una funcionaria pública considere que es víctima de violencia política de género, tiene tres vías para proceder: la vía penal, acudiendo a la Fepade; la administrativa, presentando un reclamo ante los tribunales electorales; o la judicial, para revocar, confirmar o modificar determinaciones basadas en estereotipos de género. El procedimiento especial sancionador inicia con una queja ante el instituto electoral correspondiente y puede ser resuelto por el tribunal electoral tras una investigación.
Además, se señala el papel de las redes sociales como una nueva arena donde se manifiesta la violencia de género. Aunque identificar a los agresores puede ser complejo, sobre todo cuando se utilizan bots o perfiles anónimos, se exige a las instituciones desplegar las diligencias necesarias para allegarse de la información y determinar responsabilidades.
Sin embargo, las autoridades electorales a menudo enfrentan limitaciones tecnológicas y de recursos, lo que puede afectar la efectividad de las investigaciones y la aplicación de las leyes de protección. A pesar de estos obstáculos, Murga Segovia enfatiza la importancia de la colaboración interinstitucional y la posibilidad de apelar a la fiscalía para el apoyo en las investigaciones.
La discusión también abordó la complejidad de determinar la violencia política de género cuando es perpetrada por mujeres contra hombres o entre personas del mismo género o identidades trans. Murga Segovia aclara que la ley busca erradicar la discriminación histórica contra las mujeres y que, actualmente, la violencia estereotípica contra los hombres no está reconocida de la misma manera por la legislación.
“En materia judicial, el estereotipo que se tiene sobre las mujeres es incorrecto, al calificar que son útiles para gobernar, entonces cuando uno dice inútil a una mujer gobernando se está reafirmando este estereotipo histórico, por eso tiene una gravedad distinta a que si uno ofende porque también es una ofensa a un varón en el ejercicio de un cargo”, explicó
Por Efraín Castro
