Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad, con 32 votos a favor, el dictamen que modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios de alto nivel en el sector público.
La propuesta plantea que las llamadas “pensiones doradas” no podrán superar la mitad del salario que perciba la titular del Ejecutivo federal, actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto correspondiente.
La medida aplicará al personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas con participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del gobierno federal.
También alcanzará a entidades y organismos de los estados y municipios que operen bajo esquemas similares.
El dictamen contempla algunas excepciones, entre ellas las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, esquemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión no contributiva.
Con esta reforma, el Congreso busca reducir los privilegios en el servicio público y evitar que exfuncionarios reciban jubilaciones superiores a los límites salariales establecidos para los altos cargos del Estado