El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma electoral que será enviada al Congreso de la Unión el próximo 2 de marzo y que propone cambios de fondo en la integración del Congreso, el funcionamiento del árbitro electoral y la fiscalización de partidos, con el objetivo central de reducir costos y modificar las reglas del sistema político-electoral.
Cambios en la integración del Congreso
En la Cámara de Diputados se mantendrían los 500 escaños, pero todos serían electos mediante voto directo.
De ellos, 300 continuarían bajo el principio de mayoría relativa en igual número de distritos.
Los 200 restantes de representación proporcional cambiarían su mecanismo de asignación:
97 se otorgarían a candidatos que, sin ganar su distrito, hayan obtenido los mejores resultados dentro de su partido.
95 se elegirían por circunscripción mediante voto directo (un hombre y una mujer por partido).
8 corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero.
En el Senado se propone una reducción de 128 a 96 integrantes: 64 por mayoría relativa (dos por entidad) y 32 por primera minoría (uno por estado). Se eliminarían los 32 escaños asignados por lista nacional plurinominal.
Recorte presupuestal y reestructura del INE
La iniciativa contempla disminuir en 25% el costo de las elecciones, impactando al Instituto Nacional Electoral (INE), organismos locales, partidos y tribunales electorales.
Se propone que las 300 juntas distritales y las 32 locales del INE sean órganos temporales, lo que implicaría la eliminación de alrededor de 13 mil plazas, equivalentes a cerca del 80% del personal actual.
Asimismo, las remuneraciones de consejeros y altos mandos deberán ajustarse al artículo 127 constitucional, para que nadie perciba un salario superior al de la Presidenta.
Uno de los cambios operativos más relevantes es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
En su lugar, los cómputos distritales iniciarían de inmediato al cierre de la jornada electoral, buscando mayor rapidez en la oficialización de resultados.
Fiscalización en tiempo real y fin del efectivo
La propuesta endurece el control financiero de campañas.
Se establece fiscalización en tiempo real mediante herramientas tecnológicas que permitan al INE acceso directo a las operaciones financieras de partidos y candidatos.
El punto más radical es la prohibición total de aportaciones en efectivo: el 100% de los recursos deberá manejarse dentro del sistema financiero para asegurar trazabilidad absoluta del dinero utilizado en actividades proselitistas.
Menos tiempo en radio y televisión y regulación de IA
El tiempo oficial destinado a propaganda electoral en radio y televisión se reduciría a 35 minutos diarios por emisora.
Además, se regula el uso de Inteligencia Artificial en campañas y se prohíben bots o mecanismos automatizados en redes sociales.
Impulso a la democracia participativa
La iniciativa también amplía las figuras de democracia directa, como consultas y revocación de mandato en estados y municipios, incorporando formalmente el voto electrónico para estos ejercicios.
En conjunto, la reforma representa una reconfiguración profunda del modelo electoral mexicano, con énfasis en la austeridad, la digitalización de procesos y nuevas reglas para la competencia política.