La propuesta de reforma electoral plantea un ajuste de fondo al sistema político mexicano con tres ejes centrales: reducción de costos, mayor control del dinero en la política y fortalecimiento de la participación ciudadana.
Uno de los puntos clave es la disminución del gasto del aparato electoral, que incluye recortes al financiamiento de los partidos políticos y mayor racionalidad en el presupuesto de los congresos locales.
El objetivo es liberar recursos públicos para destinarlos a necesidades sociales prioritarias.
En materia de fiscalización, la iniciativa contempla prohibir aportaciones en efectivo y bloquear cualquier financiamiento proveniente del extranjero para partidos y candidaturas.
Además, se plantea el uso obligatorio de tecnologías de la información para reportar en tiempo real los ingresos y gastos ante el Instituto Nacional Electoral, con el fin de reforzar la transparencia y la auditoría del dinero que se mueve en campañas.
La reforma también impulsa mecanismos de democracia participativa, fortaleciendo figuras como la revocación de mandato, el plebiscito y la consulta popular, con la intención de ampliar la intervención directa de la ciudadanía en las decisiones públicas.
En síntesis, la iniciativa apuesta por elecciones menos costosas, reglas más estrictas sobre el financiamiento político y mayor participación ciudadana en la vida democrática del país.
Por Héctor Tenorio / iQ Noticias