La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales y expedir la nueva Ley General de Aguas, con el fin de reconocer plenamente el agua como un derecho humano y dejar de tratarla como una mercancía.
La propuesta establece la creación de un sistema de concesiones ordenado, transparente y con certidumbre para todos los usuarios.
También incorpora el principio de cero tolerancias a la corrupción, al tiempo que busca eliminar el mercado negro del agua, práctica que ha permitido que particulares vendan un recurso que debería ser accesible para la población.
Con la nueva legislación, quienes obtenían agua de forma gratuita para venderla ya no podrán hacerlo, y se pondrá fin al acaparamiento de concesiones que beneficia a unos cuantos mientras comunidades enteras carecen del suministro suficiente.
Ante versiones que han generado preocupación entre agricultores sobre la herencia y la compraventa de tierras, la iniciativa aclara que el binomio tierra-agua está plenamente garantizado.
Los títulos de concesión podrán heredarse con el mismo volumen y uso, y en caso de compraventa, los nuevos propietarios mantendrán intactos los derechos y la vigencia del título original.
La iniciativa resulta de un amplio proceso de diálogo entre el Gobierno de México y diversos sectores sociales y productivos.
En su elaboración participaron académicos, agricultores, gobiernos locales, comunidades, pueblos originarios, organizaciones civiles y empresas, a través de 13 foros regionales y numerosas reuniones de trabajo.
De igual forma, el Poder Legislativo realizó su propio ciclo de foros para escuchar propuestas y fortalecer el proyecto.
Actualmente, la Cámara de Diputados discute estas reformas en un proceso abierto, público y transparente, destacando la importancia de construir una legislación moderna y justa que garantice el acceso equitativo al agua para todas y todos.
Por Héctor Tenorio / iQ noticias