Los datos disponibles muestran una contradicción clara entre el discurso de austeridad del Senado de la República y el uso real de sus recursos públicos.
Lejos de reducir gastos, el presupuesto destinado a la alimentación de legisladores y sus equipos aumentó de forma considerable durante el último año.
Entre enero y septiembre de 2025, el Senado erogó 18.8 millones de pesos en servicios de alimentos y cafetería, lo que representa un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se destinaron 13.4 millones de pesos.
En términos absolutos, el aumento fue de 5.4 millones de pesos en menos de un año.
Este crecimiento resulta especialmente relevante porque se dio después de que se cancelaran contratos previos bajo el argumento de combatir la corrupción y mejorar las condiciones de contratación.
Sin embargo, el cambio de proveedores no generó ahorros, sino un sobrecosto millonario, lo que pone en duda la efectividad de las decisiones administrativas tomadas.
El gasto se explica por la amplia cobertura del servicio de alimentos: 73 sesiones legislativas con buffet, 2,530 reuniones de comisiones, 826 servicios para grupos parlamentarios, además de atención a órganos de gobierno, cafeterías y oficinas.
La coordinación esta a cargo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por el senador Adán Augusto López.
En cuanto a los proveedores, en 2024 las empresas Mise en Place SJA y Especialidades Comerciales Reyes obtuvieron contratos de hasta 6 millones de pesos cada una, sumando casi 14 millones de pesos con IVA. No obstante, el gasto total en alimentos cerró ese año en 22.5 millones de pesos.
Posteriormente, en 2025, estos contratos se cancelaron y se sustituyeron por uno nuevo con Mobiliarios Mifflin SA de CV por 20 millones de pesos.
En conjunto, las cifras revelan un patrón claro: el Senado gasta más en alimentación pese a prometer lo contrario.
Más allá de la legalidad de los contratos, el incremento presupuestal abre un debate público sobre la coherencia entre el discurso de austeridad, la eficiencia en el gasto y la rendición de cuentas en el Poder Legislativo.
Por Héctor Tenorio / iQ noticias