En el marco de la Legislatura de la Justicia Social, se presentó una iniciativa promovida por los diputados Hugo Alday Nieto, Ricardo Velazco Rodríguez y María José Osorio Rosas para expedir la Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción en el estado de Quintana Roo.
El objetivo de esta propuesta es establecer un marco legal que garantice la seguridad y participación de quienes denuncien, testifiquen o proporcionen información sensible sobre posibles actos de corrupción.
La protección también se extendería a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
Entre las medidas contempladas se incluyen la confidencialidad de los datos personales, protección policial, cambio de área laboral, atención psicológica y traslados seguros a sus centros de trabajo.
Además, se propone que los servidores públicos que denuncien actos de corrupción no puedan ser despedidos, trasladados ni sufrir represalias en su ámbito laboral.
Esta iniciativa busca prevenir actos de represalia y promover una cultura de denuncia dentro de las instituciones públicas.