El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Quintana Roo para castigar con hasta 12 años de cárcel y fuertes multas a quienes promuevan la venta de terrenos, casas o departamentos en fraccionamientos no autorizados.
La medida, que modifica la fracción I del artículo 269, busca cerrar lagunas legales y proteger a los ciudadanos de estafas inmobiliarias. El diputado Hugo Alday Nieto destacó que este tipo de fraudes han afectado a muchas personas, quienes antes no encontraban respaldo en la ley para exigir justicia.
Con esta reforma, cualquier persona que ordene publicidad para vender propiedades sin los permisos correspondientes enfrentará duras sanciones penales.