La fiscalía general del Estado de Quintana Roo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llevó a cabo un cateo en un crematorio ubicado en el municipio de Othón P. Blanco.
Este operativo, autorizado por un Juez de Control, forma parte de las investigaciones relacionadas con delitos de desaparición cometida por particulares y violaciones contra las normas de inhumación, además de otras posibles irregularidades.
El crematorio, localizado en la calle Javier Barros Sierra, operaba con permisos vencidos, lo que motivó la intervención de las autoridades. Durante la diligencia, se aseguraron indicios biológicos y material probatorio que serán analizados y anexados a la carpeta de investigación correspondiente.
El caso involucra el agravio contra una víctima masculina, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales. Las investigaciones también abarcan posibles delitos contra el respeto a los muertos, un aspecto clave en este tipo de situaciones que afectan tanto a las familias como a la sociedad en general.
Tras concluir las diligencias, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual ahora permanece bajo la custodia de la fiscalía general del Estado. Esta acción tiene como objetivo garantizar el resguardo de las pruebas y el desarrollo adecuado de las investigaciones.
La fiscalía general del Estado de Quintana Roo reitera su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
Este cateo en Othón P. Blanco es parte de los esfuerzos para combatir los delitos de desaparición y reforzar el cumplimiento de las leyes en los establecimientos que operan con permisos vencidos o en condiciones irregulares.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa en crematorios u otros establecimientos relacionados para evitar la impunidad y garantizar el respeto a las normas legales.
Este operativo refuerza la colaboración entre la fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger a la comunidad y llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que vulneren los derechos humanos y la dignidad de las personas.