Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo, ha llevado su defensa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser acusado por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de un presunto mal manejo de fondos y de carecer de la experiencia necesaria para las tareas de rescate arqueológico. Las acusaciones, que datan del 17 de agosto, han sido refutadas por Cortés de Brasdefer, quien sostiene que las verdaderas intenciones detrás de estas son silenciar sus denuncias sobre los daños causados por ciertos proyectos de salvamento arqueológico derivados de la obras del tren Maya.
El investigador argumenta que no existen bases legales para las sanciones en su contra y sugiere que las acciones del INAH buscan evitar que se hable de las repercusiones negativas, tanto arqueológicas como ecológicas, derivadas de los trabajos realizados por el tren maya.
Además, Cortés de Brasdefer resalta el apoyo internacional que ha recibido, evidenciando una preocupación global por la protección de la libertad de expresión y la conservación del patrimonio.
Por Héctor Tenorio / iQ inteligencia Colectiva
