Ayutla de los Libres, Gro. En la reanudación de sus actividades en la arena pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió a la polémica de la distribución del material educativo de la SEP: “los de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros de texto, ya hasta metieron amparos apoyados por jueces, magistrados y ministros deshonestos. Nada más que el lunes que reinicien las clases en todas las escuelas –sólo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32–, pero en todas las escuelas van a estar los libros de texto lo quieran o no lo quieran…”

Ante el inminente inicio del nuevo ciclo escolar, ante centenares de simpatizantes, se sintió confiado para retomar la controversia por dichos ejemplares y se pronunció a favor de la educación pública, la cual, “como la salud, no es un privilegio, sino un derecho”.

En las previsiones gubernamentales, los recursos legales se limitarán a Chihuahua y Coahuila, pero se anticipa que en Guanajuato y Querétaro podría haber problemas en la distribución porque los gobiernos panistas que controlan las entidades priorizan la agenda electoral, en tanto que en Aguascalientes hay incertidumbre.

Desde temprano, en la conferencia que ofreció en Acapulco, repudió la conducta del ministro Luis María Aguilar, quien concedió los amparos para suspender la entrega de libros en Chihuahua y Coahuila: “¿saben cuánto tiempo se llevó? Creo que cinco días para amparar a la gobernadora de Chihuahua para que no entregue los libros a los niños, y luego, ya encarrerado, presenta el gobernador de Coahuila, (Miguel) Riquelme, y ¡en tres días le entregó el amparo!”

Su respuesta derivó en una crítica directa a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a quien responsabilizó de la asignación de los recursos. “Uno podría decir: ¿y por qué no se lo entregó a otro ministro? ¿Por qué no se lo entregó a la ministra Loretta (Ortiz)? No, ya estaban de acuerdo y en cinco días hábiles resolvió que no se repartan los libros en Chihuahua”.

E irónico, añadió: “hasta ahora no ha habido otro, pero está de oferta. Si alguien se anima puede ser que en 24 horas se le entregue el amparo. ¿Saben cuánto tiempo tiene con un expediente de 25 mil millones de pesos. ¡Ocho meses! Me decía alguien, con mucho cinismo, que podían estarse todo el tiempo. No tienen límite de tiempo”.

En este contexto, lanzó un segundo cuestionamiento al desempeño de Piña, aludiendo a la revelación que hizo esta semana La Jornada respecto a una nueva contratación en el Poder Judicial. Se trata de Ricardo Márquez Blas, quien fue colaborador cercano del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna en el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Era de los más importantes Lo contrató la señora. No sé qué cargo le dieron, pero es para seguridad”.

Alonso Urrutia / La jornada

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